El proyecto para derogar es tratado en el Senado de Mendoza. La Ley buscaba regular jurídicamente los contratos entre productores industriales y primarios de productos agrícolas, pero hay consenso sobre su fracaso. Los argumentos cruzados.
Hace unos días, el Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores para derogar la Ley N° 9133, conocida como ley de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas, que se sancionó y promulgó en 2019.
Inicialmente tenía enfoque en los contratos de producción vitivinícola, pero en el 2020 se amplió a casi todas las materias primas agrícolas que pueden ser industrializadas.
En aquel momento, la ley estableció la obligatoriedad del registro de contratos de compra-venta de productos agrícolas, con el espíritu de generar un marco jurídico y legal a la intercambio comercial entre los productores industriales y primarios en el contexto de una tercerización de la materia prima.
Sin embargo, ahora el Gobierno provincial actual (mismo gobernador que la promulgó a pesar de que la firma fue de Laura Montero, por entonces vicegobernadora) considera necesario derogarla.
Argumentos en favor y contra
La derogación ya está en tratamiento y distintos actores de la industria ya han presentado sus fundamentos en favor y contra de la derogación.
El fundamento en favor sostiene que la ley se transformó en una carga burocrática innecesaria para la actividad privada. “De los 43.000 contratos registrados en cuatro años, solo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería”, resaltó Vargas Arizu.
Además, especificó que las características climáticas y las costumbres productivas de la actividad agrícola en Mendoza dificultan la certeza sobre las cantidades y calidades producidas, imposibilitando el cumplimiento de los contratos. Señalan además que la obligatoriedad del registro y las multas asociadas han generado costos y demoras sin beneficios claros para las partes involucradas.
Por ejemplo, en el debate en Comisiones del Senado, Milton Kuret, representante de Bodegas de Argentina, se mostró crítico contra la ley, expresando que desde su implementación no se han observado beneficios significativos para ninguno de los actores. Agregó que la carga administrativa y los costos asociados han recaído desproporcionadamente sobre los compradores de uvas, mientras que las sanciones y multas no han cumplido su propósito inicial de proteger a los productores primarios.
En la vereda opuesta, distintas asociaciones campesinas y otras que nuclean a los trabajadores han coincidido en el análisis de improductividad de la ley, pero reclaman otro tipo de legislación, no este formato de derogación. En concreto, proponen una nueva legislación, critican las actualizaciones que sufrió la ley, solicitan que sea exclusiva de la vitivinicultura y reclaman herramientas estadísticas.
Por ejemplo, distintas entidades como la Asociación de Productores del oasis Este de Mendoza (APROEM), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo del Valle de Tupungato y la Sociedad Rural de Valle de Uco; emitieron un comunicado.
“Queremos expresar nuestra firme oposición y gran preocupación ante los intentos inconsultos de derogación de la Ley 9.133 por parte del Gobierno provincial, bajo la falsa premisa de desregular, algo que en realidad nada regula. Seguimos insistiendo que la misma es una herramienta que permite al productor vitícola gozar de cierta seguridad jurídica a la hora de entregar su producción y como tal, siempre es perfectible, siendo este el camino y no su derogación lisa y llana. Es importante recordar que si la aplicación de dicha ley tiene objeciones se debe exclusivamente a las modificaciones, reglamentaciones e intentos recaudatorios de sumar otras actividades agrícolas por parte del poder político, haciendo caso omiso a los pedidos de los viñateros de limitar su aplicación al rubro vitícola”, señalan.
“Nadie pretende complicar al industrial en la gestión de su negocio; pero es necesario contar con un contrato que permita al productor tener reglas claras para actuar con libertad comercial ante la demanda de su producto; disponiendo de la seguridad jurídica necesaria para equilibrar los actores en la compra-venta de uva”, concluyeron.
Durante el debate, Matías Manzanares, representante de la AVM, destacó la necesidad de diferenciar las opiniones entre productores vitivinícolas y otros sectores agrícolas. Además, señaló que la Ley vigente no cumple con su objetivo original de brindar certeza y seguridad jurídica a los productores en las transacciones comerciales y ante esto lamentó los cambios y derogaciones que “desvirtuaron” el espíritu inicial. Entre ellas mencionó a la falta de actualización obligatoria en los contratos, lo que considera uno de los motivos de su eficiencia.
