Mendoza ya tiene la decisión tomada y derogará la ley que regula el acuerdo Mendoza-San Juan. También pedirá la eliminación de la Ley de Contratos que, pese a ser radical, no cumplió sus objetivos.
La vitivinicultura vive momentos de cambios y no quedará afuera, para bien o para mal, de las reconfiguraciones que atraviesa la Argentina a partir de la desregulación de la economía. En este marco, desde la provincia existe una alineación con la idea de que el mercado regula mejor que el Estado y también se han comenzado a plantear modificaciones. Una de las más importantes y que ha regido la vida del sector durante 20 años es el acuerdo Mendoza-San Juan para reglar las existencias vínicas e incentivar la diversificación.
La Ley N° 6543, que ha tenido diversas modificaciones, data de 1994 y desde ese año las dos provincias establecen un porcentaje obligatorio para destinar a mosto en función de la cosecha estimada. El fin es mantener equilibrado el mercado de vinos y que los precios no se derrumben. La norma establece, además, que si las dos provincias con mayor cantidad de vides del país no se ponen de acuerdo, hay que enviar el 20% a mosto. Este año, se estableció un 17% para destinar a ese comoditie mientras que el pasado fue de 12%.
En los hechos y según fuentes oficiales, en lo que va del 2024 se ha destinado un 23% a mosto mientras que el año pasado fue mucho menos que lo fijado debido a la baja cosecha. En este contexto, desde el Ministerio de Producción de Mendoza aseguraron que van a avanzar con la derogación o modificación de la ley provincial que regula este acuerdo. Esto, principalmente, porque tienen la visión de que el mercado debe actuar como regulador y el Estado como una suerte de acompañante o guía. En este marco, explicaron que no es un capricho mendocino y que San Juan está de acuerdo con la iniciativa pese a que hay instituciones a favor y otras en contra.
Desregulación en marcha
Esta medida se va a sumar a la derogación de otra ley que en su momento ideó el radical Martín Kerchener con la idea de favorecer a los productores. Se trata de la Ley 9133 sancionada en 2018 para el sector vitivinícola y modificada en 2020 para incluir a la agroindustria. A grandes rasgos, se crea un Registro Único de Contratos para la compraventa de frutas y verduras destinadas a industria, algo que en la práctica no es tan fácil de cumplir y que impacta fuerte con multas muy altas por incumplimiento.
“Esta ley es muy compleja de cumplir para las bodegas y, pese a la buena voluntad, no da ningún beneficio al productor”, explicaron desde el Ministerio de Producción. En parte porque en un contexto inflacionario no es fácil hacer en febrero un contrato que se pagará en julio. La norma, por otra parte, implica engorrosos trámites, sellos y dificultades que derivaban en multas excesivas con el mayor costo que ello implica. Por otra parte, no contempla la dinámica real de la cosecha y del modo en que se establecen los acuerdos entre las partes.
En este marco, el Gobierno explicitó que estas transacciones se formalizan a través de la AFIP o de los pagos que correspondan, pero que no sirvió sumar un contrato más. “El Estado tiene que colaborar con una macro ordenada, baja de impuestos y eliminación del cepo, perolo demás es responsabilidad de los privados”, razonaron en el Ministerio. La eliminación del acuerdo por el mosto y de la ley de contratos se sumaría a otra desregulación que si bien no depende de la Provincia, tendría el visto bueno de los funcionarios locales.
Se trata de la posibilidad de que se derogue la Ley nacional para eliminar el aporte obligatorio a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y que ha generado posturas encontradas en los últimos días. Aunque todavía no hay proyecto oficial sobre este tema, estimaron que por antecedentes similares, se dará de baja la norma debido a que también significa una erogación para la Nación.
Por qué eliminarán el acuerdo
Además de la filosofía de que el mercado actúe como regulador de la actividad y de que el Estado no tiene por qué decirle al privado qué hacer con su producción, el Gobierno alegó una cuestión práctica para eliminar el acuerdo por el mosto. La primera es que, pese al porcentaje prefijado, después las empresas elaboran lo que les conviene según sus planes de negocios o situación del mercado. Por este motivo, destacaron que este año se hizo 5% más de mosto que lo establecido en febrero.
Hay que recordar que el acuerdo funciona para el vino que se venderá en el mercado interno ya que quedan afuera los de exportación así como la uva de mesa y las pasas. “¿Por qué el Gobierno te va a decir lo que vos tenés que hacer con tu producto?”, se preguntaron los funcionarios. Con relación a la situación el mosto, por otra parte, subrayaron que entre 800 bodegas aproximadamente, hay solo cinco o seis mosteros que se ven favorecidos por esta obligatoriedad.
Según explicaron desde el Ministerio de Producción, este sector saca provecho de la norma y eso también juega en contra del precio de los productores. “El que quiera hacer mosto que salga a comprar la uva en el momento de la cosecha y lo elabore, en lugar de esperar a último momento”, destacaron al tiempo. Los funcionarios, por otra parte, valoraron que este año con una situación complicada a nivel nacional no hubo subsidios para cosecha y acarreo y “las uvas se levantaron sin desmanes”.
En este marco, desde Casa de Gobierno concedieron que la eliminación del acuerdo y el resto de las desregulaciones en marcha podrían ir contra la diversificación de la industria. No obstante, expresaron que la ley por el mosto atenta contra la libertad de comercio y que el Estado puede dar una guía, pero cada empresa es responsable por sus acciones de negocios. “El Gobierno no puede meterse en el mundo del privado y la debe hacer el mercado”, subrayaron.
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