La medida fue aprobada en el Senado y quedó lista para reglamentar. El funcionario que absorbe las funciones del ex Ente Provincial de Agua y Saneamiento pidió por un contrato que planifique a largo plazo, sobre los ejes de acción y educación por el cuidado del agua.
Por mayoría de votos, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto que impulsó el Ejecutivo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). La entidad gestionaba la regulación del servicio de agua y saneamiento en la provincia, pero ahora sus funciones quedarán absorbidas por el Departamento General de Irrigación.
En concreto, el proyecto aprobado en la Cámara Alta, que ya tenía el visto bueno de Diputados, propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza.
Además, plantea la derogación de la Ley 6044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios y propicia la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios precisamente a Irrigación, liderada actualmente por Sergio Marinelli.
En este sentido, el funcionario brindó declaraciones para la Voz del Viñatero y pidió por un acuerdo amplio para establecer criterios tarifarios. “Lo primero que hay que construir es un contrato de concesión o, mejor dicho, un acuerdo. Hoy la empresa tiene una buena tarifa, que hay que mantenerla actualizándose en función de la inflación y la inversión. Hay que establecer ese acuerdo con un plan propio dentro del plan hídrico provincial, con la empresa y los operadores del municipio como Luján, Maipú y Tupungato”, expresó.
En este sentido, agregó: “Ese contrato tiene que ser regulado. Debe determinar los objetivos a largo y mediano plazo que pasa fundamentalmente por bajar el consumo por habitante para disminuir las pérdidas (inversión) y evitar el consumo exagerado. La tarifa debe castigar los excesos con una base que es barata y luego dos escalones que castiguen el uso desmedido. Esta es la idea de Humberto Mingorance en Aysam y nosotros estamos tratando de incentivar a los operadores de Maipú y Luján”.
La justificación de la medida
Según explicó el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, el régimen que se modifica fue diseñado en un contexto económico y político muy diferente al actual, en la década de 1990, marcado por políticas de desregulación y privatización de los servicios públicos. En ese entonces, la provincia dejó de prestar y gestionar el servicio de agua potable y cloacas, cediendo su control a operadores privados. La Ley 6044 permitió la creación de entes reguladores para garantizar la defensa de los derechos de los usuarios en un mercado que, sin control, podría no cumplir con los principios de dignidad, igualdad, salud y acceso al medioambiente sano.
Sin embargo -explicó Marcolini- la situación en Mendoza fue cambiando a lo largo de los años. Durante la crisis de 2001, la empresa privada encargada de la prestación del servicio incumplió sus compromisos de expansión, lo que afectó a muchas familias mendocinas. A raíz de esto, en 2010 se creó la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), que tomó a su cargo la provisión de estos servicios, bajo un régimen transitorio. Hoy en día, la empresa de agua es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, lo que hace innecesaria la existencia de un ente regulador independiente para controlar a una empresa que ya está bajo la supervisión del gobierno provincial.
En ese sentido, señalaron que el DGI es el organismo adecuado para asumir las funciones de regulación, ya que tiene la expertise técnica e historial en el manejo del agua en Mendoza.
Qué funciones absorbe Irrigación
Según describe el proyecto, Irrigación entre otras cosas pasará a tener el control de planes de inversión de los operadores, la supervisión de tarifas, la resolución de conflictos entre usuarios y operadores, la elaboración de un informe anual sobre el estado del servicio para el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Asumirá el control sobre la calidad y potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la supervisión de operadores en toda la provincia. Por otra parte, deberá coordinar su labor con otros organismos competentes en temas sanitarios y ambientales.
Factura
El proyecto establece un régimen de tarifas que debe reflejar los costos de operación, mantenimiento, expansión y renovación del sistema, sin depender de subsidios provinciales.
Se fijarán principios tarifarios que consideren objetivos económicos, sociales y ambientales, garantizando que las tarifas reflejen los costos operativos y de mantenimiento, además de una posible rentabilidad razonable para los operadores, siempre en el contexto de una gestión eficiente.
