El superintendente del Departamento General de Irrigación se reunió con la Mesa de Producción y Empleo en la que se encuentra la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. Los 4 puntos en desacuerdo.
El Gobierno de la provincia de Mendoza acelera en el desarrollo del Código de Aguas, una herramienta con la que buscan unificar todo el marco jurídico vigente relacionado a la gestión del recurso hídrico, con el objetivo de ordenarlo en un cuerpo centralizado. Éste a su vez, tendrá nuevas modificaciones para adaptar toda esta legislación a los desafíos que plantea el calentamiento global en el presente y a futuro.
El Departamento General de Irrigación, a cargo del superintendente Sergio Marinelli, es el responsable del desarrollo del instrumento legal, que cuenta con instancias de debate y aportes de la ciudadanía, para que el cuerpo elaborado sea entregado al Poder Legislativo para su correcto tratamiento en ambas cámaras.
En el marco de este debate, el superintendente Marinelli tuvo un encuentro recientemente con la Mesa de la Producción y el Empleo, conformada por distintas organizaciones productivas y empresariales de distintos sectores, entre los que se incluye la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (ACOVI).
En dicho encuentro, se analizaron los aspectos generales del Código de Aguas pero también algunos puntos específicos que los empresarios consideran de mucha potencial incidencia en los aspectos centrales de la gestión del recurso hídrico y su marco normativo.
En concreto se enfocaron en algunos artículos que generan preocupación y en un comunicado difundido, los especificaron punto por punto:
- “Modificación de prioridades en el uso del agua”. Según las asociaciones, la propuesta de incluir el “arbolado público” como uso prioritario por encima de otros, junto con la potestad otorgada al Gobernador para requerir el cambio de las prioridades a favor de usos de menor preferencia sobre otros con base en un supuesto “beneficio económico-social notoriamente superior”; genera una profunda incertidumbre. “Estas decisiones podrían derivar en conflictos en la asignación de recursos hídricos, afectando negativamente a sectores clave de la economía provincial”, señalaron.
- “Innecesaria intervención legislativa en concesiones de agua subterránea”. Las asociaciones cuestionaron la necesidad de que la concesión de agua subterránea sea tramitada a través de la Legislatura, lo cual podría “burocratizar” un proceso que requiere agilidad y criterio técnico, según indicaron.
- “Inseguridad Jurídica”. Para ACOVI y compañía, algunas disposiciones del proyecto podrían generar inseguridad jurídica, especialmente en lo referente a la duración de las concesiones de agua y la introducción de nuevas unidades de medida para su asignación. Estas medidas podrían violar los principios de igualdad y de inherencia, generando asimetrías en el sector y desincentivando la inversión.
- “Confusión en la aplicación de los principios rectores de la política hídrica nacional”. Según explicaron, la inclusión de estos principios en el Código de Aguas podría generar divergencias en su interpretación y, por ende, en su aplicación, y complicar la administración de las aguas interjurisdiccionales.
Por su parte, desde las distintas asociaciones manifestaron su preocupación por contar con un Plan Hídrico Integral que solo defina las acciones y contemple un plan de obras que esté alineado a ese marco normativo vigente, para que refuerce y sea coherente con este plan integral.
Los responsables del organismo empresarial destacaron la “actitud receptiva” del superintendente Marinelli y se manifestaron dispuestos a la participación y la reflexión en su debate.
Además de ACOVI, la Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE) están integrada por las siguientes instituciones: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Consejo Empresario Mendocino (CEM), Federación Económica de Mendoza (FEM), Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y Unión Industrial de Mendoza (UIM).
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