La Cámara de Senadores le dio media sanción a la derogación de la ley 9133, que planteaba la obligatoriedad de los contratos de compra-venta de uvas. El reclamo de dos asociaciones y el pedido a Diputados.
En junio pasado, el Gobierno de Mendoza por intermedio del Ministerio de Producción presentó un proyecto para la derogación de la Ley N° 9133, conocida como ley de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas, que se sancionó y promulgó en 2019. Es la ley que instrumentó un contrato de compra-venta de uva para amparar a productores en sus ventas con industriales del vino.
La noticia sacudió la industria vitivinícola y a los productores concretamente, quienes comenzaron a implementar rondas de debate entre las diferentes asociaciones que los nuclean, para determinar pasos a seguir.
Hubo cierto consenso en torno a la necesidad de cambiar la ley tal y como se encuentra en la actualidad, pero desde distintos sectores reclamaron contra la derogación y por la falta de consulta por parte del ministro Rodolfo Vargas Arizu.
El pasado 17 de septiembre la Cámara de Senadores de la provincia trató el proyecto y le dio media sanción, avanzando en los pasos del Ejecutivo. Tras esta situación, este miércoles desde la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza lanzaron un comunicado reclamando contra la derogación.
Por un lado, manifestaron su malestar por la falta de consulta. “En reunión de comisiones en la legislatura, autoridades del ministerio de producción y algunos legisladores oficialistas prometieron volvernos a reunir con el objetivo de trabajar en las modificaciones propuestas por la mayoría de las cámaras presentes. Muy por el contrario de lo acordado, el 17 de septiembre en la Cámara de Senadores aprobó la derogación de la ley en cuestión”, comienza el comunicado.
“Nos vemos en la necesidad de reiterar nuevamente que el contrato de compra-venta de uva es una herramienta necesaria que permite al productor vitícola, eslabón más débil de la cadena, gozar de cierta seguridad jurídica a la hora de entregar su uva; pues es inconcebible en el mundo de hoy permitir que una de las partes en una transacción deba entregar el producto de todo un año de trabajo dejando a merced del receptor de la misma el precio y plazo a pagar, el cual es fijado con posterioridad a la operación”, agregaron.
“En este sentido, si bien expresaron que la ley debe ser “perfeccionada”, señalaron que la derogación “implica consentir una desigualdad comercial entre las partes”.
Por otro lado, culparon a los distintos ejecutivos que fueron aplicando modificaciones y reglamentaciones desde que se promulgó en 2019. “Si la aplicación de dicha ley tiene objeciones, se considera burocrática, no ajustada a las costumbres comerciales y cuantas otras más relataran los senadores esta semana en sesiones para lograr derogarla, se debe exclusivamente a las modificaciones y reglamentaciones por parte del poder político, haciendo caso omiso a los pedidos de los viñateros”, expresaron.
“Nadie pretende complicar al industrial o al productor en la gestión de sus negocios; pero es necesario contar con un contrato que permita tener reglas claras para actuar con libertad comercial ante la demanda de un producto perecedero; disponiendo de la seguridad jurídica necesaria para equilibrar los actores en la compra-venta de uva. Tampoco creemos que esta ley regule los precios, o intervenga el valor en el mercado, sostener esto, sería un ilógico sin sentido, todos sabemos que siempre lo reguló y lo seguirá haciendo la ecuación oferta–demanda de uva”, sentenciaron.
Por último, en el comunicador exhortaron a los diputados -Cámara en la que se tratará ahora- a rechazar la derogación. “Nuestra problemática requiere mucho trabajo y mucho estudio. Esta ley necesita ser modificada y mejorada con intercambio de ideas y propuestas, dejando de lado una derogación que no solo evitará solucionar un problema sino que profundizará una problemática”, cerraron.
