El Gobierno nacional aplicó un incremento de las retenciones de 0% al 8% para la vitivinicultura, en medio de la sanción de otras medidas de desregulación e incremento del dólar oficial al que se liquidan las exportaciones.
Idas y vueltas. Medida y marcha atrás. El inicio de la relación entre la nueva gestión nacional y sector vitivinícola es bastante particular.
En un principio, la administración de Javier Milei dejó correr el rumor de que iba a aumentar fuertemente la alícuota por derechos de exportación (retenciones) del 0% al 15%, causando mucha sorpresa y malestar. Luego, se anunció que no habrá aumento al 15% sino al 8%, en una clara discriminación al sector considerando que otras economías regionales no pagarán. En el medio, emitió un DNU que propicia una fuerte desregulación del sector.
Todavía sacudidos por las noticias y sacando cuentas sobre su impacto, empresarios del sector nucleados en Bodegas de Argentina manifestaron su «preocupación» por la aplicación de retenciones.
Según los bodegueros, «aplicar derechos de exportación al vino, cualquiera sea su valor, torna al negocio inviable y genera impacto socioeconómico negativo».
En un comunicado, la cámara empresaria recordó que la vitivinicultura es una economía regional de alto valor agregado y enumeró una serie de justificaciones para argumentar el pedido.
Por un lado, señaló que la industria está «altamente diversificada» por las zonas de producción, los tamaños de las empresas y el origen de las inversiones. También destacó su condición de «inclusiva», por las características de los más de 450 mil empleos directos e indirectos que genera, con arraigo en las zonas de producción
También aseguraron que es un sector que no está concentrado, ya que hay 17.000 productores primarios, 900 bodegas que elaboran vinos y 500 exportadores y proveedores que conforman el cluster empresario.
Además, los bodegueros se quejaron porque la vitivinicultura es una de las industrias exportadoras con «mayor mano de obra empleada», con acuerdos entre empleadores, gremios e instituciones estatales.
Por otra parte, los bodegueros recordaron que Argentina paga en promedio 5% de aranceles para acceder a los mercados, como consecuencia de la falta de acuerdos internacionales; y la baja competitividad del último año hizo que las exportaciones sufran una caída histórica de 27% en volumen y 17% en facturación, ya que los precios de ventas al exterior son fijos y hay una gran competitividad.
Además, según la organización esta aplicación de las retenciones provocaría una «baja en la competitividad» una profundización de la caída en las ventas al exterior con el consecuente incremento del stock y disminuciones en los precios, en los puestos de trabajo y tendrá consecuencias en el enoturismo.
Además, y como cierre de los motivos, aseguraron que la aplicación de retenciones al vino representa US$ 60 millones de recaudación fiscal, lo que consideran un impacto bajo para las arcas estatales. En cambio, para la industria, es un número cercano al que se invierte en promoción y publicidad en los mercados internacionales.
Es por todo esto que las empresas nucleadas en Bodegas de Argentina solicitaron al Gobierno «rever la medida», mientras que a los Gobernadores y legisladores les pidieron no apoyar el DNU.
Nota exclusiva para La Voz del Viñatero. En caso de usar el contenido o reproducirlo no olvide citar como fuente a LA VOZ DEL VIÑATERO – WWW.LAVOZDELVIÑATERO.COM.AR
