El Senado le había dado media sanción y en Diputados acompañaron el proyecto de derogación, a pesar de que existía otro proyecto que implicaba aplicar modificaciones.
La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto que deroga la Ley 9133, sobre el Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas. Proyecto que ya tenía la media sanción del Senado.
Se trata de aquella ley aprobada en 2019 que estableció que los contratos de compra-venta de productos agrícolas cuyo destino final sea los establecimientos agroindustriales -como la uva en las bodegas- debían ser registrados obligatoriamente. De hecho, se pensó para la uva y mosto y luego se extendió a casi todas las materias primas agrícolas.
Esto quiere decir que ya no será necesaria la registración del contrato y desde el Ejecutivo justificaron esta medida en el hecho de la imposibilidad de fijar un precio al momento previo del ingreso de los productos a los establecimientos.
Además, en la justificación indicaron que tanto productores como las industrias elaboradoras advirtieron que la ley “no beneficia a ninguna de las dos partes y genera costos -por las multas además- y demoras en la agilidad de la operatoria comercial”.
#MiércolesDeSesión
Diputados derogó la Ley de Contratos de Compra Venta de Productos AgrícolasSanción final al proyecto del PE; se deroga la Ley 9133. Votación por mayoría. Se pusieron a consideración 2 despachos. El de minoría (impulsado por Gabriela Lizana (FRLN) no prosperó pic.twitter.com/EqEwEh9xhv
— Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) October 9, 2024
Sin embargo, el proyecto de derogación había sido fuertemente criticado por las asociaciones de viñateras y por algunos sectores de la oposición que coincidieron en que la ley tal y como estaba no cumplía con los objetivos iniciales, pero que la salida hacia una legislación más justa para el sector desfavorecido era la modificación de la actual norma, no su disolución.
De hecho, en la jornada de este martes, al momento en el que el plenario de las comisiones intervinientes de la Cámara baja (Legislación y Asuntos Constitucionales y Economía) dio despacho al proyecto del Ejecutivo, desde el Frente Renovador también emitieron un despacho -en minoría- alternativo.
Este presentaba una serie de puntos que implicaban modificaciones como la obligación de establecer un contrato con los productores al momento de recibir la materia prima, con detalles claros sobre cantidades, calidad, precio y forma de pago. La posibilidad para los productores no integrados a cooperativas de exigir el cumplimiento de los contratos mediante una acción judicial más expedita. Y contemplando la aplicación de multas a los establecimientos que incumplan sus obligaciones.
Lógicamente, con la derogación de la ley consumada en la Cámara de Diputados, este proyecto que había presentado la diputada Gabriela Lizana, quedó desestimado.
