El diputado Damián Arabia presentó la propuesta que eliminaría la ley 25.849, que ampara el estatus de entidad de derecho público no estatal que tiene la COVIAR.
Cuando todos estaban pendientes al fallecimiento del papa Francisco, un diputado nacional argentino irrumpió con todo en la industria vitivinícola al emitir un proyecto de ley que busca eliminar la obligatoriedad del aporte a la COVIAR, eliminando a la organización tal y como se la conoce actualmente.
El objetivo de Damián Arabia es derogar la ley 25.849, la que habilita dotar a la COVIAR de su estatus de entidad de derecho público no estatal, para restituir el carácter que le corresponde a cualquier agrupación de actores del sector productivo privado”.
La propuesta fue presentada este lunes y no podrá ser tratada inmediatamente porque la Cámara de Diputados decretó duelo por siete días por la muerte del Papa. Sin embargo, ya comienza a tener apoyo. De hecho, el documento con los fundamentos fue firmado también por otros 10 diputados, entre los que se destacan Gerardo Milman.
Damián Arabia es un diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llegó a la cámara por intermedio del PRO. Entre sus antecedentes, el licenciado en Ciencias Sociales (Universidad de Palermo) fue vocero de la presidencia del PRO, exdirector de Prevención de la Corrupción, dependiente al ministerio de Seguridad de la Nación y fue director de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del mismo ministerio, por entonces encabezado por Patricia Bullrich.
Junto a la propuesta, Arabia planteó los fundamentos. En él, escribió: “Lejos de cuestionar la existencia misma de COVIAR y la legítima articulación de integrantes en pos del desarrollo del vitivinícola, este proyecto reconoce y respeta la libertad de asociación como un principio fundamental del orden republicano y del sistema de economía de mercado. En ese sentido, se afirma que el Estado no debe imponer, fomentar ni financiar organizaciones empresariales que pueden y deben surgir del acuerdo voluntario entre partes privadas, conforme al principio de subsidiariedad que rige en toda economía abierta”.
En ese sentido, agrega: “La vitivinicultura es una actividad esencialmente privada, desarrollada por empresas, cooperativas, productores y bodegas en el libre ejercicio del comercio. La institucionalización forzosa de una corporación sectorial bajo el ropaje del derecho público no solo vulnera la autonomía de los productores sino que distorsiona el funcionamiento del mercado y eventualmente comprometiendo recursos públicos en funciones que exceden el interés general y responden a intereses sectoriales”.
Además, el documento asegura que asignar al INV funciones de asistencia, control o financiamiento sobre una entidad como COVIAR genera una afectación indebida e injustificada a los recursos del Estado. Ello IMplica, además, un incremento de la burocracia administrativa y la asignación de funciones ajenas a las competencias originarias del INV, desvirtuando su finalidad como organismo técnico de fiscalización.
En ese marco, detallaron que la COVIAR cuenta con facultades suficientes para administrar sus recursos y advirtieron sobre el hecho de que ya hay ejemplos de asociaciones empresarias que cumplen funciones similares sin necesidad de intervención estatal obligatoria ni reconocimiento jurídico especial.
Finalmente, detallaron que la permanencia de este régimen público-privado obligatorio “vulnera los principios de igualdad ante la ley, de libertad económica y de neutralidad estatal, consagrados en la Constitución Nacional”. En efecto -señalan- al obligar a todos los actores del sector a integrarse en una única organización reconocida por ley, “se impide la libre competencia institucional, se desalienta la pluralidad de representaciones y se refuerza una lógica corporativa incompatible con los valores republicanos”.
